FIFA: EL LARGO CAMINO HACIA LA INTEGRIDAD

FIFAGC

Arreglo de partidos, doping, nepotismo, racismo, evasión fiscal y una larga lista de otros ilícitos graves ejemplifican las serias falencias y problemas que resultan del mal funcionamiento de las organizaciones deportivas y sus dirigentes no solo a nivel local sino también regional y globalmente. Todos estos problemas manifiestan no solo la disfuncionalidad de las entidades deportivas sino principalmente los grandes obstáculos que tendrán que superar para poder funcionar como organizaciones formalmente ordenadas e íntegras. Ante este panorama no muchas veces alentador, es tentador dejarse llevar por una visión pesimista del porvenir (in)mediato de las instituciones deportivas. Sin embargo, si se presta atención a cambios recientes acaecidos alrededor del mundo, hay lugar para cierto optimismo. En especial, por la creciente conciencia de la importancia de ver a las entidades deportivas también como organizaciones de peso económico-financiero, social y político, más allá de su aspecto deportivo, que cuentan con stakeholders directos e indirectos y que, por ende, deben adquirir las estructuras y controles necesarios de gobierno corporativo que existen en el sector privado y también público, y cuya adopción no hará más que beneficiarlas tanto interna como externamente. Entre otros ejemplos notables, el Comité Olímpico Internacional con sus “Principles of Good Governance” (incluyendo el flamante portal online para denuncias “Integrity & Compliance Hotline”) y el de la Unión Ciclista Internacional con su implementación de controles y sanciones independientes de programas anti-doping han empezado a dar muestras de un consenso creciente en pos de un cambio real en las prácticas de las instituciones deportivas.

Y, aunque muchos no lo sospechen (o sepan), la FIFA también empezó a transitar este camino, aunque con varios tropiezos e ideas y vueltas en el medio, los cuales todavía están pendientes de resolución. En 2011, la federación deportiva puso en funcionamiento un Comité Independiente de Gobernabilidad conformado por representantes de la comunidad futbolística y expertos anti-corrupción liderado por el prestigioso experto y profesor suizo Mark Pieth del Basel Institute on Governance, el cual en dos años logró implementar diversas acciones cuyas consecuencias más notables fueron la puesta en marcha de un Comité de Ética (con un nuevo código de buenas prácticas, un sistema de cámaras dual investigativo y adjudicatario y un sistema de reporte interno) y un Comité de Auditoría y Compliance que puso en práctica un programa de cumplimiento normativo integral y supervisa la compensación de dirigentes de la asociación. Ambos fueron instituidos con el nombramiento de autoridades independientes propuestas por el Comité. Fue el Comité de Ética a través de su juez Joachim Eckert el encargado de dictaminar en 2013 la dimisión del histórico dirigente brasileño João Havelange como presidente honorario de la FIFA por “conducta moral y éticamente reprobable” a raíz de un caso de corrupción investigado en Suiza que encontró que tanto Havelange durante su presidencia en la FIFA como su yerno Ricardo Texeira — quien era dirigente de la FIFA y a la vez presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol — recibieron sobornos millonarios por parte de empresas por contratos de marketing.

Las reformas, sin embargo, se encontraron con serios obstáculos en el camino. Varias propuestas realizadas por la Comité Independiente como, por ejemplo, la puesta de límites para los mandatos ejecutivos y topes de edad para ejercerlos no pudieron ser introducidas. Ya en 2013, Alexandra Wrage, una experta anticorrupción y miembro del Comité, renunció a su posición aduciendo que la FIFA no tenía interés en tener en cuenta sus recomendaciones ni en avanzar con las reformas básicas sugeridas. Michael Garcia, el juez a cargo de investigaciones dentro del Comité de Ética, redactó y presentó el año pasado un largo informe crítico sobre las adjudicaciones de las Copas del Mundo de Rusia 2018 y Catar 2022 que no pudo ser presentado públicamente, siendo publicado solamente un breve resumen “editado” del mismo. Esto llevó a Garcia a renunciar a su cargo, argumentando que la FIFA había bloqueado la publicación de los resultados.

Los anteriores casos fueron signos de advertencia del creciente contraste y tensión acumulada entre las reformas prometidas y las resistencias encontradas. El comienzo del fin de esta puja entre viejas estructuras que se resisten a abandonar sus peores prácticas y los nuevos vientos de cambio pareció, sin embargo, avizorarse a partir de las denuncias y detenciones efectuadas contra 9 altos funcionarios de la FIFA y 5 empresarios del fútbol por parte del Departamento de Justicia de EE.UU. en coordinación con autoridades judiciales de Suiza por extorsión, soborno, lavado de dinero y fraude que se habrían desarrollado por más dos décadas a través de la adjudicación de contratos deportivos, elección de sedes de torneos deportivos regionales, transmisiones televisivas, etc. Las denuncias han tenido impacto a nivel global y, en especial, en América Latina al verse involucradas federaciones regionales como la Conmebol y la Concacaf en las denuncias impulsadas por la Justicia estadounidense. Tanto el caso de la FIFA como otros de gran repercusión ocurridos en otras disciplinas deportivas (como, por ejemplo, el de Lance Armstrong en el ciclismo) muy bien pueden tener el mismo efecto que casos emblemáticos ocurridos en el sector privado como Enron o a partir de la crisis financiera de 2008/9 que dieron lugar a nuevas regulaciones como Sarbanes-Oxley y Dodd-Frank, respectivamente, y a toda una ola de sensibilización y cambios profundos en los sistemas de gobierno corporativo y compliance en las empresas.

En este sentido habrá que entender este terremoto judicial impulsado por Loretta Lynch, fiscal general de EE.UU., que forzó a la federación deportiva a apurar cambios en su cúpula apenas días después de sus elecciones generales, obligando a su histórico número uno, Joseph “Sepp” Blatter, a renunciar a cumplir un quinto mandato y llamar a elecciones anticipadas para febrero del año próximo cuando se elegirán nuevas autoridades. Pero no sólo el largo brazo de la justicia ha acelerado los cambios. También los históricos sponsors de la FIFA alzaron su voz y empezaron a exigir a sus autoridades una mayor transparencia e integridad en su conducción, poniendo sobre la mesa la posibilidad de revisión e incluso rescisión de millonarios contratos publicitarios. Las empresas han empezado entonces a tener en cuenta así los altos riesgos reputacionales y legales de verse involucradas con organizaciones deportivas y crecientemente las están empezando a considerar como un actor más de sus cadenas de valor que deben ser evaluadas en cuanto al riesgo que representan y a las cuales se les debe requerir estándares de transparencia y gobierno corporativo previamente existentes al establecimiento de una relación comercial.

Aunque muchos se mostraron pesimistas ante las reformas introducidas en 2011 por la FIFA misma, el desarrollo de los acontecimientos parece demostrar que las primeras quizás hayan representado los incipientes pasos graduales y necesarios para ir desandando el muchas veces difícil y tortuoso camino hacia la creación de conciencia sobre la inviabilidad del status quo en un entorno — autoridades judiciales y regulatorias, comunidad del fútbol, fans, empresas, medios de comunicación y sociedad civil en su conjunto — que se ha vuelto menos tolerante ante la falta de integridad y transparencia y que reclama nuevas estructuras y dirigentes acordes a estas nuevas exigencias.

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